Dos acontecimientos nos han provocado sentimientos encontrados: por un lado, la satisfacción de comprobar que el colectivo de internautas ha logrado imponerse frente a la censura de la Ley Sinde. Por otro, la impotencia de tener que asumir cómo regímenes totalitarios disfrazados de "democracia" son capaces de silenciar a cineastas por ejercer una libertad que en realidad no tienen.
Aunque muchos no quieran o no puedan reconocerlo, el KO técnico que sufrió ayer la Ley Sinde en el Congreso (primer round) supone una satisfacción para muchos creadores. Especialmente, claro, para aquellos que no nos sentimos ni queremos estar representados por empresas de gestión de autor cuyas cuentas no terminan de estar claras, y creemos firmemente que lo que se debe discutir son las alternativas a la administración de la propiedad intelectual, sin tener en medio a gestoras que utilizan prácticas monopolísticas para mantener un chiringuito que a quien no resulta precisamente beneficioso es a sus asociados, y que han sido puestas en tela de juicio en distintos ámbitos. ¿Cómo puede representar los derechos de autor una entidad que ha sido calificada por la Comisión Nacional de la Competencia como contraria a la libertad de mercado, según ha dicho su presidente?: "La SGAE opera como un monopolio y fija tarifas abusivas sin justificación".
Que a una Ministra de Cultura le echen para atrás una reforma que, como la mayor parte de los mensajes que provienen del gobierno respecto al intercambio de archivos, mete en el saco de la piratería a todo bicho viviente, resulta muy preocupante. Que sea la misma Ministra a la que la Unión Europea le declaró ilegal un canon digital impuesto a todo quisqui para lamerle el culo a la SGAE, es una muestra de incompetencia que debería tener consecuencias.
Algunas asociaciones de creadores han puesto el grito en el cielo y no han tenido el menor reparo en amenazar a los usuarios. Si una asociación que representara mis derechos como autor lanzara amenazas como la que ha vertido la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos esta semana ("si el texto es rechazado o sufre alguna modificación, la coalición cambiará de tercio y defenderá ante la UE la adopción de otras normativas más agresivas y que afectan a los usuarios"), pensaría seriamente en abandonarla. Criminalizar al receptor de las obras creativas es una política que no ha dado resultado en ninguna parte.
Por otro lado, menospreciar y tergiversar las declaraciones de asociaciones de internautas no parece de recibo. Nadie está a favor de las prácticas ilegales, pero cuando sean ilegales. Lo que no tiene sentido es acusar de ilegalidad a cosas que no lo son (por ejemplo, el intercambio de archivos). ¿Por qué el book-crossing está bien visto e incluso apoyado por las instituciones públicas? Imponer una espada de Damocles sobre webs que no realizan prácticas ilegales es una forma de censura que no puede ser aceptada en una sociedad democrática.
Otra censura, aunque no sorprendente, es la que practica el gobierno iraní contra sus artistas. El último damnificado por el fundamentalismo de su país es Jafar Panahi, condenado a seis años de prisión y 20 años sin poder ejercer sus derechos como ciudadano (rodar, escribir guiones, viajar al extranjero, conceder entrevistas...). Sería interesante que la industria cinematográfica y cultural fuera tan incisiva con su presión contra Irán como lo es con otras cosas (o que Alejandro Sanz coloque un post de protesta en su twitter como el que ha escrito en relación a la Ley Sinde).
A pesar de las dificultades, los cineastas iraníes consiguieron hace unos años colocar una producción cinematográfica tan raquítica como la suya en el panorama internacional. Abbas Kiarostami, la familia Makhmalbaf o Bahman Gobhadi han sabido trasladar aspectos diferentes de la realidad iraní, y muchas veces más positivos de lo que era habitual en las crónicas informativas. O lo que es lo mismo, han demostrado que parte de la sociedad iraní clama por una libertad usurpada por instituciones como el llamado Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que otorga licencias a las películas para que puedan proyectarse en festivales internacionales. Curiosa eficacia: la intención es evitar que se presenten películas que puedan "manchar la imagen de Irán", cuando lo que de verdad mancha la imagen de Irán son precisamente este tipo de restricciones propuestas por políticos descerebrados, inmerecidos representantes de unos "valores morales" que ellos mismos se han inventado. Lo que es inmoral es ser como ellos.
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