22 abril, 2009

Los piratas de la antipiratería

Ante la imposibilidad de actuar por Ley contra las descargas p2p (con el precedente reciente de la derrota en el parlamento francés de una propuesta de ley agresiva), surgen en España empresas (éstas sí con ánimo de lucro), que ofrecen sus servicios para boicotear las redes.

En el debate constante sobre las descargas p2p, incluida información manipulada por parte del Ministerio de Cultura a través de campañas que directamente mienten a los usuarios, algunas iniciativas absurdas como la de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (otra que se dedica a producir campañas que comparan el hecho de compartir archivos (no perseguido por la ley) con robar), tratan de alcanzar el mundo perfecto (para ellos, claro), en el que las teleoperadoras se dediquen a facilitar la información que tienen sobre sus clientes para que las sociedades de gestión de autor se dediquen a enviarles amenazas. Es decir, vulnerar la Ley de Protección de Datos para "defender" el derecho de autor. Algo tan absurdo que merecería una seria reflexión sobre el estado mental de algunos de sus responsables.

En Francia, el parlamento ya ha dicho que no a la vulneración de la protección de datos. En España los activos antipiratería (Ministerio de Cultura al frente) se dan de bruces constantemente contra nuestra Constitución y la Ley de Propiedad Intelectual. Así las cosas, comienzan a introducirse en nuestro país empresas que aparentemente "asesoran" sobre derechos de propiedad intelectual pero que en realidad tienen una función muy diferente: boicotear las redes p2p. Ya que hay escasos resultados a través de medidas legales (alguna que otra sentencia contra webmasters para ir dejando mensajes coactivos), determinadas empresas ofrecen sus servicios para actuar en la red.

Recientemente, la Agencia CoPeerRight reconocía que se dedicaba a lanzar archivos fake en las redes p2p más conocidas, es decir, archivos con el mismo peso que el de la película o el disco que se busca, pero sin contenido. Esta táctica pretende efectuar un lanzamiento masivo de este tipo de archivos, de forma que los comentarios de los usuarios comenten sobre la falsedad del mismo, retrayendo a futuros internautas. Según algunos estudios, esta forma de actuar consigue disminuir notablemente la demanda de esos archivos. Resulta significativa la respuesta de uno de los responsables de esta empresa, reconociendo que no hay delito en esta difusión, pero que su función es la de proteger los derechos de propiedad intelectual. CPR Agency, primera empresa europea que se dedica a proteger estos derechos, nacida en Francia en 2003, afirma que, tras enviar un mensaje de advertencia a los usuarios sobre la "ilegalidad" de su acción, "borran las direcciones IP de estos usuarios", porque así lo estipula la Ley de Protección de Datos.

Otra empresa que ofrece sus servicios en este sentido es Asesoría Jurídica de las Artes (AJA), una gestoría radicada en Barcelona, aunque con oficinas también en Madrid y Bolonia, que promete "un 98% de efectividad en eliminación de descargas gratuitas directas" y "un 25% en p2p", ofreciendo la posibilidad de introducir "archivos fakes limpios, pero vacíos de contenido. No es posible eliminar contenidos de los equipos particulares de los usuarios, de manera que lo que proponemos es utilizar todo el potencial de descarga como soporte de propagación de fakes". Las intenciones son claras: "Si no podemos acceder y hacer lo que nos dé la gana con un ordenador particular (que es lo que quisiéramos), nos dedicamos a falsear archivos". Para una empresa audiovisual que contrate a estas agencias legales, la lucha contra la piratería parece asegurada. Pero, ¿están seguros los usuarios?

Muchos ya advierten de los peligros. Porque, ¿quién asegura que los datos de IP de los usuarios que sustraen estas empresas realmente se borran? ¿Hay inspecciones periódicas de la Agencia de Protección de Datos a este tipo de empresas que utilizan estos datos sin la protección que ofrece una base de datos controlada? ¿Cómo sabemos que los fakes que se introducen están realmente "limpios"? Hay quien asegura que algunas de estas empresas en realidad introducen archivos con virus informáticos que afectan a los ordenadores del os usuarios. Curiosamente, la proliferación de este tipo de archivos peligrosos ha aumentado al mismo tiempo que la de estas agencias con ánimo de lucro.

Mientras el Ministerio de Cultura trata de negociar con las teleoperadoras el acceso a los datos de sus clientes (hasta ahora con escaso éxito), la Agencia Española de Protección de Datos actúa escasamente contra financieras, asesorías, bancos y empresas de gestión de impagos que vulneran sistemáticamente la Ley.

Esa es la protección que nos ofrecen.