09 julio, 2008

¿Dónde están los delincuentes?

Según un estudio reciente, el número de empresas audiovisuales inscritas en el ICAA aumentó en un 14%, y los beneficios de la industria audiovisual un 32,9%. Criminalizar al espectador es una vergonzosa carrera hacia adelante que oculta en realidad una brutal reconversión laboral con el objetivo de obtener mayores beneficios con menores recursos humanos.

La beligerante posición que están adoptando las distribuidoras y productoras de medios audiovisuales con el tema de los derechos de autor resulta preocupante y, por qué no decirlo, peligrosa. Ante la incapacidad para ganar la batalla frente a la libertad de los espectadores por compartir, sin ánimo de lucro, películas o música (algo que está amparado por nuestras leyes), se han producido en las últimas semanas iniciativas ridículas para rascar hasta el último céntimo por lo que las productoras defienden como derechos de autor, cuando la mayor parte de los guionistas (los verdaderos autores) de España se quejan de las condiciones pantagruélicas que deben firmar con las productoras para poder ver sus historias llevadas a la pantalla, lo que supone un beneficio abusivo de su trabajo.

Ahora resulta que todos defendemos los derechos de autor. Paolo Vasile demanda a Youtube en nombre de Telecinco por atentar contra los derechos de autor. La distribuidora Filmax se ampara en un estudio ¡norteamericano! que sitúa a España entre los países con mayor índice de piratería (incluyendo en el término piratería al uso compartido sin ánimo de lucro de material audiovisual, algo completamente falso). Quizás para poder compararnos con el cine hecho en Estados Unidos deberíamos tener también una industria que no dependiera de los presupuestos generales del Estado, es decir, de los contribuyentes.

Un grupo de varias distribuidoras, Vértice 360, ha realizado un estudio entre los profesores según el cual el 75% apoya la proyección legal de películas en los colegios e institutos. Legal significa que, para que un aula de unos 30 alumnos pueda ver una película, el colegio debe pagar unos 300 € por cada proyección. ¿Estamos locos?

Tanto hablar de los derechos de autor, que se nos olvida que son los derechos de los espectadores (esos que con sus impuestos mantienen a la industria viva) son sistemáticamente despreciados. El público, el receptor de las obras audiovisuales, no tiene sus derechos protegidos, por ejemplo, por los plazos de explotación de los de los autores. En España, se establece que una obra audiovisual pasará a dominio público sólo a partir de 70 años después de la muerte de su autor, mientras que en directivas europeas se establece un máximo de 50 años y en países latinoamericanos solo de 30. Esto significa que, por el momento, ninguna película puede ser de dominio público. ¿Por qué se establece este plazo desde la muerte del autor, y no desde la exhibición pública de la obra, que sería lo más sensato? ¿Y por qué, siendo una obra colectiva, no se considera como autores de una obra audiovisual a todo el equipo técnico y artístico de una película? ¿Por qué se protegen determinados derechos de determinados colectivos solamente?

Que el sector audiovisual se encuentra en una crisis importante está claro pero, ¿resulta la situación tan catastrofista como nos la pintan? En un reciente estudio hecho público por FAPAE, la Federación de Productoras Audiovisuales, se nos revela que se ha producido un incremento de productoras cinematográficas inscritas en el ICAA, aumentando en un 14% en 2006 con respecto a 2005. A uno le asaltan las dudas: si el sector está desfalleciendo, ¿a qué se debe este aumento significativo de 183 empresas nuevas en un solo año? Según este estudio, la facturación del sector audiovisual aumentó entre 2001 y 2006 un 32,9%. ¿De donde viene entonces el catastrofismo? ¿Por qué un sector cuya facturación ha sufrido un aumento considerable culpa a los usuarios de las pérdidas de empleo? ¿No será una cortina de humo para aumentar los beneficios?

Tratar de contrarrestar los cambios que la revolución de internet supone en la industria audiovisual con reivindaciones abusivas no es, desde luego, adaptarse a los tiempos que se avecinan. Seguir utilizando las vías tradicionales de distribución y exhibición de obras audiovisuales es un error que muchas empresas pagarán caro.