27 octubre, 2010

El canon digital y la desvergüenza

La reciente sentencia que ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno al abusivo canon digital pone de manifiesto el absurdo sentido de la justicia que tienen las entidades de gestión de derechos. 

La sentencia responde a un litigio entre la SGAE y la empresa Padawan S.L., dedicada a la comercialización de soportes digitales, que tuvo los huevos de enfrentarse a las entidades de gestión de derechos y al propio Ministerio de Cultura, perro sabueso de estas entidades. Ante la clarísima sentencia, que supone una rotunda victoria de la empresa Padawan (y por extensión de las empresas españolas), la SGAE ha sacado su arsenal de acólitos para tratar de dar la vuelta al texto y convertir su derrota vergonzosa en una semi-victoria. El argumento es claro: "No es que se haya dicho que no debe existir el canon, sino que se ha restringido su imposición". Bueno, eso al fin y al cabo es lo que llevamos diciendo los defensores de la cultura desde hace tiempo. Que establecer un canon abusivo, sin restricciones, a todo quisqui resultaba una desvergüenza para el gobierno y para las entidades de gestión de derechos. 

Ahora se no está vendiendo que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo lo que hace es reinvindicar la "legitimidad de una compensación equitativa para los autores de las obras". Y por supuesto, reconocen que se establece que "la aplicación del canon demanda ponderar los casos en los que pueda ser exigido, evitando su exigencia en cualquier supuesto o circunstancia." Claramente, que las leyes que establecían la imposición indiscriminada de ese canon, estaban viciadas desde el principio. 

Recurrida la imposición del canon digital a todo el que pasa por la calle, la sentencia de la Unión Europea da de bruces contra la cara dura de quienes lo impusieron. Pero al final, nos encontramos de nuevo con formas de interpretar los textos para darles la vuelta sin llegar al hecho principal. Si establecer el canon para empresas (los particulares, por ahora, quedan excluidos) ha sido desestimado por la Unión Europea... ¿qué ocurre con quienes han pagado el canon todos estos años? ¿Qué pasa con aquella primera sentencia de la que la SGAE se jactaba en contra de la empresa TRAXDATA que en 2002 estableció que esta empresa debía pagar el canon que ahora la Unión Europea tira por lo suelos? 

La respuesta, como suele ser habitual por la desvergüenza de las entidades de gestión de derechos y por el propio Ministerio de Cultura, es sorprendente: "La sentencia no es retroactiva. No tenemos que devolver ni un euro de lo que hemos robado" (lo de robar lo digo porque, igual que el spot del Ministerio establecía que copiar una película era igual que robar un coche, lo mismo considero que cobrar indebidamente es como atracar un banco y tomar rehenes. Es una simple cuestión de paralelismos).

Así, la SGAE se ha quedado con la pasta que ahora le dicen que no debía haber cobrado, mientras la ministra González-Sinde se estruja los sesos para encontrar otras vías de "financiación", evitando de camino la curiosa demostración de lealtad del recientemente destituido director del Instituto de Cine, Ignasi Guardans, que ha hecho declaraciones bastante significativas: "Sigo defendiendo las ayudas públicas al cine, pero que se den con transparencia, con control y a quien cumple los requisitos para tenerlas. Por haber verificado eso y haber exigido que eso fuera así han venido algunos de mis disgustos. Ha habido fraude en las subvenciones al cine, pero como ha habido fraude en las subvenciones agrícolas o en cualquier otro sector." Da la impresión de que unos y otros cada vez tienen más difícil defender su gestión.